Andalucía, País Vasco, médicos y pacientes, contra el nuevo copago hospitalario

Andalucía, País Vasco, médicos y pacientes, contra el nuevo copago hospitalario

Aunque el Gobierno abrió ya en abril la puerta al copago de ciertos fármacos que se administran en los hospitales de forma ambulatoria, la publicación ayer en el BOE de la lista definitiva de medicamentos afectados por la medida ha levantado ampollas.
Este nuevo copago deberá entrar en vigor a partir del 1 de octubre, aunque son muchas las voces que dudan de que sea posible articular el sistema de pago en este tiempo. Andalucía ya ha mostrado su rechazo frontal y el País Vasco prepara un Real Decreto alternativo. El PSOE pide incluso la dimisión de Ana Mato y el popular Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha pedido al Gobierno que no aplique la medida a los pacientes crónicos.
Herrera ha señalado que este nuevo copago tendrá una "escasa repercusión económica" y una enorme "complejidad" a nuvel de recursos humanos. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha criticado en un videoblog la crueldad de un Gobierno "que obliga a la gente que no tiene recursos a pagar para poder seguir viviendo".
José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), reconoce que hace cuatro meses que presentaron algunas alegaciones al Ministerio de Sanidad explicando las consecuencias y complicaciones que podría tener el obligar a los pacientes a pagar por ciertos tratamientos que se administran en las farmacias de los hospitales de forma ambulatoria (no los que se reciben mientras el paciente está ingresado).
"Colaboramos con el Ministerio y pensamos que con los argumentos que les dimos no se iba a llevar a cabo la medida. Obviamente nos equivocamos", se lamenta. Entre la lista de entidades que han reaccionado al anuncio en el BOE se encuentran numerosas asociaciones de pacientes, como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y otras entidades oncológicas, que ya pidieron en su día a Sanidad que excluya de este copago a los pacientes crónicos.

Recaudatoria y disuasoria

A juicio del doctor Poveda, cobrar por estos tratamientos para enfermedades como el cáncer o la hepatitis C no va a cumplir ninguno de los dos objetivos que se le supone. "Este tipo de medidas tiene dos fines, recaudatorio y de racionalización, para evitar el sobreuso de medicamentos. Sin embargo, con esta medida la recaudación que se va a obtener es mínima y, además, este tipo de fármacos ya tienen una serie de controles que impiden el sobreuso. Nadie toma un fármaco para la hepatitis C si no tiene hepatitis C".
Sobre cómo se va a llevar a cabo en la práctica este nuevo copago, Poveda reconoce que tendrán que ser las comunidades autónomas las que articulen el cobro al paciente ("bien con tarjetas electrónicas, tasas o lo que sea"), aunque duda de que sea posible poner en marcha este sistema antes del 1 de octubre como pretende el ministerio. "No se han recibido aún instrucciones [en las farmacias hospitalarias] y los responsables de las CCAA no han expresado aún públicamente cómo se va a articular".
Generalmente, explica, los pacientes con algunas enfermedades crónicas, acuden a la farmacia hospitalaria con la prescripción que les manda su especialista. "Hay fármacos orales, inyectables, intramusculares y con pautas y dosificaciones muy diferentes", aclara. Generalmente, los pacientes reciben medicación para cierto plazo de tiempo, después del cual deben someterse a algún control "para ver la eficacia, los efectos adversos... En este tipo de tratamientos existen muchos controles y no hay riesgo de sobreutilización como se argumenta para instaurar el copago farmacéutico".
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria tiene previsto establecer un sistema para recoger las posibles situaciones y problemas que genere el nuevo copago; "y en su caso volver al Ministerio para que se reconsidere la medida".

La reacción de los pacientes

Los pacientes con cáncer están entre los más afectados por la medida (que también afecta a fármacos para la esclerosis, la hepatitis, la artritis reumatoide...). En este sentido, fuentes de la AECC señalan a Europa Press que la entidad solicitó ya hace tiempo al Gobierno que dejara fuera de las medidas de ajuste a los pacientes graves, una sugerencia que, de momento, el Ejecutivo no ha atendido.
Por su parte, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer ha pedido al Gobierno que exima a los menores de asumirlo, teniendo en cuenta su "vulnerabilidad". Pilar Ortega, presidenta de la federación, asegura que "las cargas económicas de las familias afectadas por el cáncer pueden suponer un retroceso en su calidad de vida". Ante un diagnóstico de cáncer de un menor, indica, el incremento medio del gasto de una familia es de entre 400 y 600 euros mensuales, como consecuencia de desplazamientos, farmacia, trabajo, etc.
Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) el nuevo encarecimiento en el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras los operados el año pasado con la reforma sanitaria, "mermará gravemente la atención y protección sanitaria de muchos pacientes que hasta ahora estaban exentos de aportación, entre ellos, personas con enfermedades crónicas y con distintas discapacidades".

El PSOE solicita dimisión

La decisión del gabinete de Ana Mato ha disparado también las críticas desde el partido de la oposición. Ayer, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguraba que esta medida es una muestra más de que el Gobierno "se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables", por lo que considera necesario que dimita Ana Mato. "Sólo por lo inhumana que es (esta decisión) y por lo que puede afectar a los pacientes de enfermedades graves y de larga duración", Mato debería irse "de una vez por todas", señaló Jiménez.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado también su rechazo ante esta norma. "El Gobierno andaluz no está de acuerdo con que el coste adicional lo sufran los ciudadanos sino que tienen que ser las grandes industrias farmacéuticas las que lo hagan", ha enfatizado.
  A su juicio, "ahora toma sentido la subasta de medicamentos" que propone la Junta de Andalucía, de manera que "ahora se entiende con claridad el porqué la Junta lideraba esa subasta", ha apostillado la presidenta.
  Del mismo modo, ha incidido en que "no están de acuerdo" con esta propuesta del Gobierno central y analizarán "qué margen" tiene el Ejecutivo andaluz ante la misma.  "En Andalucía no se tenía conocimiento porque el Ministerio de Sanidad no se lo ha trasladado a la Consejería", ha reiterado la presidenta autonómica andaluza.
 Por su parte, el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha anunciado que el Gobierno vasco aprobará, "probablemente" el 15 de noviembre, un decreto para "compensar" por el nuevo sistema de copago farmacéutico a los sectores sociales más desfavorecidos, en el que no solo se incluirá a los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros, sino también, entre otros, a los parados que hayan perdido "todas las posibilidades de prestaciones".
La Generalitat de Cataluña sí ha anunciado que cumplirá la norma desde el 1 de octubre, aunque admite que buscará "mecanismos" para compensar a los pacientes que no se lo puedan permitir.
 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/20/noticias/1379673371.html