Navarra lanza una Ley de Transparencia pionera en España
El Gobierno, altos cargos y liberados sindicales deberán hacer públicas sus retribuciones y bienes
¿Cuánto gastó el Gobierno navarro en la última campaña institucional? ¿Cuáles son los detalles del convenio que firmó el Ejecutivo con la Clínica Universidad de Navarra en 2011? ¿Cuánto costó el viaje de Yolanda Barcina a Estados Unidos? ¿Cuánto cobra y qué patrimonio tiene el consejero de Educación o el director general de Cultura? ¿Cuál es el grado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a reducir las listas de espera sanitarias? Estos datos, hasta ahora considerados casi información privilegiada para el ciudadano de a pie, deberán ser facilitados por el Gobierno foral en tiempo y forma y en virtud de una Ley de Transparencia que quiere ser referencia a nivel nacional. La comunidad foral se anticipa a una ley nacional prometida varias veces por los grandes partidos pero frustrada en dos legislaturas, reivindicada por los expertos y por el movimiento 15-M, y que el Gobierno de Rajoy estudia retomar en esta legislatura.
El vicepresidente primero del Ejecutivo, el socialista Roberto Jiménez, ha presentado hoy el borrador del anteproyecto de esta ley, que primera vez regula la información pública y la ética en la acción de gobierno con carácter participativo. Se trata, ha subrayado, de una iniciativa “valiente, ambiciosa e innovadora”, que pretende convertir a la Administración foral en una “oficina de cristal” y transformar “radicalmente” las relaciones con los ciudadanos. La crisis, la corrupción y la consiguiente falta de credibilidad en las instituciones han marcado la necesidad de dotar de marco jurídico a las promesas de transparencia para hacerla real, creíble y eficaz y a falta de una regulación nacional, ya que España carece de una norma de estas características, a pesar de que el Gobierno saliente de Zapatero llegó a elaborar un borrador.
Esta ley quiere ser referencia para todo el Estado, si bien el Gobierno de Mariano Rajoy está examinando legislaciones y normativas internacionales, como el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, para elaborar un proyecto de ley, que podría estar listo en el primer semestre del año, según fuentes próximas al Ministerio de la Presidencia. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Ayllón, ha mantenido una reunión con la organización Access Info para plasmar en una ley la obligación de los organismos públicos, fundaciones y empresas subvencionadas de facilitar información. El Gobierno aspira a regular este derecho en el primer tramo de la legislatura. España dejará así de ser una excepción en Europa y sus ciudadanos podrán acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar la petición. El Ejecutivo de Zapatero presentó un anteproyecto el pasado julio. Estaba a punto de terminar la legislatura, y no hubo tiempo de debatirlo en el Parlamento.
La ley navarra, que tendrá que ser aprobada en sesión de Gobierno antes de ser debatida y votada en el Parlamento, previsiblemente a finales de febrero, obliga a la Administración a poner a disposición del ciudadano toda información pública sin necesidad de que éste la reclame, pero además, la que no está sujeta a publicidad activa podrá ser solicitada por los ciudadanos sin invocar la motivación y el único límite será la ley de Protección de Datos.
Por ejemplo, si un ciudadano quiere conocer cuántas actuaciones realizó la Policía Foral en materia de robos en el mes de noviembre tendrá que solicitarlo a través de esta vía de acceso. “Entonces el Gobierno estudiará si puede facilitar o no esa información y en qué medida sin que afecte a la seguridad ciudadana o al derecho a la intimidad de alguien”, explica la directora general de Asuntos Jurídicos y Presidencia, Marta Pernaut, que incide en la idea de reconocer “el derecho a la información de una manera integral”, sin que el trámite se convierta en un infierno burocrático.
En concreto, el Gobierno deberán poner a disposición del ciudadano los Presupuestos, y su grado de ejecución en cada momento, los gastos en campañas institucionales, los acuerdos relacionados con la creación de sociedades y fundaciones públicas, las listas de contratación temporal y los extractos de acuerdos de los órganos administrativos que se consideren de interés general, además de los convenios firmados por el Gobierno con entidades privadas y públicas y las subvenciones otorgadas.
Capítulo aparte merecen las retribuciones, envueltas en la polémica en los últimos meses tras conocerse los sobresueldos de algunos miembros del Ejecutivo foral. Con esta ley, los miembros del Gobierno, altos cargos y liberados sindicales deberán desnudar sus retribuciones y sus bienes patrimoniales, éstos últimos, “con unas garantías de seguridad", según ha matizado Jiménez.
Asimismo, se regulan también las dietas del Gobierno "que son producto del pasado" en Navarra, y el cobro de cesantías. Tras ocupar un cargo con este derecho, no las cobrarán si son funcionarios o pasan a ocupar escaño en el Parlamento, mientras que quienes se incorporen, con carácter inmediato, a trabajar a la actividad privada podrán cobrar la diferencia entre lo que gana y lo que sería la cesantía durante el periodo de dos años.
La participación y la colaboración ciudadana será otro de los pilares de esta norma, que no afecta por ahora a los ayuntamientos, con el fin de regular los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones. Para ello, se habilitarán cauces de conversación telemática bidireccional, de participación en las redes sociales, etc. Se incluye además el derecho de los ciudadanos a proponer una ley o iniciativa, para lo que se requiere presentar 2.000 firmas y la motivación y el Gobierno tendrá la obligación de contestar.
En la fase previa de elaboración de este anteproyecto ha habido un proceso de participación en diferentes foros de participación ciudadana en los que se formularon 54 sugerencias, de las que se han estimado 33, varias del Movimiento 15M. Ahora, los ciudadanos podrán seguir realizando aportaciones hasta el próximo 7 de febrero a través de un formulario. Jiménez ha mostrado su interés en que esta ley se apruebe en la Cámara por "unanimidad". "La mano del Gobierno está tendida para alcanzar ese acuerdo porque queremos que sea una ley de todos, de referencia de la Comunidad hacia el exterior".
Con información de Rosario G. Gómez
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/20/actualidad/1327085752_294013.html
El vicepresidente primero del Ejecutivo, el socialista Roberto Jiménez, ha presentado hoy el borrador del anteproyecto de esta ley, que primera vez regula la información pública y la ética en la acción de gobierno con carácter participativo. Se trata, ha subrayado, de una iniciativa “valiente, ambiciosa e innovadora”, que pretende convertir a la Administración foral en una “oficina de cristal” y transformar “radicalmente” las relaciones con los ciudadanos. La crisis, la corrupción y la consiguiente falta de credibilidad en las instituciones han marcado la necesidad de dotar de marco jurídico a las promesas de transparencia para hacerla real, creíble y eficaz y a falta de una regulación nacional, ya que España carece de una norma de estas características, a pesar de que el Gobierno saliente de Zapatero llegó a elaborar un borrador.
Esta ley quiere ser referencia para todo el Estado, si bien el Gobierno de Mariano Rajoy está examinando legislaciones y normativas internacionales, como el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, para elaborar un proyecto de ley, que podría estar listo en el primer semestre del año, según fuentes próximas al Ministerio de la Presidencia. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Ayllón, ha mantenido una reunión con la organización Access Info para plasmar en una ley la obligación de los organismos públicos, fundaciones y empresas subvencionadas de facilitar información. El Gobierno aspira a regular este derecho en el primer tramo de la legislatura. España dejará así de ser una excepción en Europa y sus ciudadanos podrán acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar la petición. El Ejecutivo de Zapatero presentó un anteproyecto el pasado julio. Estaba a punto de terminar la legislatura, y no hubo tiempo de debatirlo en el Parlamento.
La ley navarra, que tendrá que ser aprobada en sesión de Gobierno antes de ser debatida y votada en el Parlamento, previsiblemente a finales de febrero, obliga a la Administración a poner a disposición del ciudadano toda información pública sin necesidad de que éste la reclame, pero además, la que no está sujeta a publicidad activa podrá ser solicitada por los ciudadanos sin invocar la motivación y el único límite será la ley de Protección de Datos.
Por ejemplo, si un ciudadano quiere conocer cuántas actuaciones realizó la Policía Foral en materia de robos en el mes de noviembre tendrá que solicitarlo a través de esta vía de acceso. “Entonces el Gobierno estudiará si puede facilitar o no esa información y en qué medida sin que afecte a la seguridad ciudadana o al derecho a la intimidad de alguien”, explica la directora general de Asuntos Jurídicos y Presidencia, Marta Pernaut, que incide en la idea de reconocer “el derecho a la información de una manera integral”, sin que el trámite se convierta en un infierno burocrático.
En concreto, el Gobierno deberán poner a disposición del ciudadano los Presupuestos, y su grado de ejecución en cada momento, los gastos en campañas institucionales, los acuerdos relacionados con la creación de sociedades y fundaciones públicas, las listas de contratación temporal y los extractos de acuerdos de los órganos administrativos que se consideren de interés general, además de los convenios firmados por el Gobierno con entidades privadas y públicas y las subvenciones otorgadas.
Capítulo aparte merecen las retribuciones, envueltas en la polémica en los últimos meses tras conocerse los sobresueldos de algunos miembros del Ejecutivo foral. Con esta ley, los miembros del Gobierno, altos cargos y liberados sindicales deberán desnudar sus retribuciones y sus bienes patrimoniales, éstos últimos, “con unas garantías de seguridad", según ha matizado Jiménez.
Asimismo, se regulan también las dietas del Gobierno "que son producto del pasado" en Navarra, y el cobro de cesantías. Tras ocupar un cargo con este derecho, no las cobrarán si son funcionarios o pasan a ocupar escaño en el Parlamento, mientras que quienes se incorporen, con carácter inmediato, a trabajar a la actividad privada podrán cobrar la diferencia entre lo que gana y lo que sería la cesantía durante el periodo de dos años.
La participación y la colaboración ciudadana será otro de los pilares de esta norma, que no afecta por ahora a los ayuntamientos, con el fin de regular los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones. Para ello, se habilitarán cauces de conversación telemática bidireccional, de participación en las redes sociales, etc. Se incluye además el derecho de los ciudadanos a proponer una ley o iniciativa, para lo que se requiere presentar 2.000 firmas y la motivación y el Gobierno tendrá la obligación de contestar.
En la fase previa de elaboración de este anteproyecto ha habido un proceso de participación en diferentes foros de participación ciudadana en los que se formularon 54 sugerencias, de las que se han estimado 33, varias del Movimiento 15M. Ahora, los ciudadanos podrán seguir realizando aportaciones hasta el próximo 7 de febrero a través de un formulario. Jiménez ha mostrado su interés en que esta ley se apruebe en la Cámara por "unanimidad". "La mano del Gobierno está tendida para alcanzar ese acuerdo porque queremos que sea una ley de todos, de referencia de la Comunidad hacia el exterior".
Con información de Rosario G. Gómez
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/20/actualidad/1327085752_294013.html
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