El juez tumba el proyecto de plantación de marihuana de Rasquera

El juez tumba el proyecto de plantación de marihuana de Rasquera
 El juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona ha tumbado el proyecto de plantación de cannabis impulsado por el Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) con la Asociación Cannábica Barcelonesa de Autoconsumo (ABCDA). La instancia judicial ha estimado el recurso presentado por el abogado del Estado contra la creación de la empresa pública municipal que debía ceder los terrenos para la plantación así como el contrato por el que ABCDA debía aportar más de 1,1 millones de euros en dos años a las arcas del consistorio.
La sentencia considera que el Ayuntamiento se ha "extralimitado" en un ámbito donde no dispone de competencias para regular y que los acuerdos suscritos no responden al interés público. La argumentación de la jueza Rosa María Muñoz, en una sentencia de tan sólo seis páginas, concuerda plenamente con los planteamientos del abogado del Estado, que el 28 de marzo del pasado 2012 presentó un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de pleno que posibilitaron la creación de la empresa pública municipal Rasquerana de Investigación e Interpretación de la Variedad Cannabis Sativa L (RRICA) así como el contrato con la asociación de autoconsumo.
A pesar de la invocación a los argumentos científicos, sociales y económicos que hace el consistorio, la juez considera que, como administración pública local, se "extralimitó", dado que no tendría competencias para regular a la hora de ordenar y regular el consumo de cannabis así como proteger los derechos de sus consumidores. Según añade, la iniciativa pública empresarial, creada con el objetivo de convertirse en la principal fuente de ingresos del Plan Anticrisis para dinamizar económicamente el municipio, también aprobado por el pleno, "no encaja" con los fines de "interés público".
Tampoco ha superado la criba judicial el contrato firmado con la ABCDA-adoptado el 29 de febrero de 2012 -, que también aprobó el pleno. El razonamiento de la juez se vuelve a basar en los ya mencionados argumentos de la "falta de competencia y justificación del interés público". "La falta de liquidez o financiación económica, por sí misma, no puede considerarse como interés público que justifique el uso de las potestades administrativas", sostiene.
Considera que el consistorio actuó como un "intermediario", a pesar de ser quien recibiría "el pago total por los terrenos en la cesión de los que interviene"-más de 1,33 millones de euros en dos años, 36.000 de los cuales ya fueron pagados poco después de la firma-.
Según aduce la sentencia, el acuerdo firmado en ningún caso podría ser definido como un "convenio", sino como un contrato porque supone "obligaciones onerosas" para las dos partes: por un lado, el consistorio, facilitando el uso de unos terrenos de terceros, defendiendo que disponía del derecho a su uso privativo para la explotación de la finca, y por otro, la asociación se comprometía a pagar un dinero a cambio.
La juez reprocha a la administración local que no haya concretado los costes que supondría la cesión para las arcas municipales además de no haber aportado ningún expediente de contratación o informe de intervención para garantizar la explotación de la finca a lo largo de 30 meses, un plazo que finalizaría, como máximo, el 30 de septiembre de 2014, y que podría ser prorrogado automáticamente por el mismo período.
La sentencia termina imponiendo los costes del proceso al mismo Ayuntamiento de Rasquera y le da un período de quince días para poder presentar recurso.
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130531/54374559715/juez-tumba-proyecto-plantacion-marihuana-rasquera.html