Imputan a la cúpula de la Sanidad madrileña que inició la privatización
El proceso de privatización de la sanidad madrileña, a los tribunales. El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid ha admitido la querella criminal contra la cúpula de la Sanidad madrileña cuando se inició en 2003 el proceso de privatización de tres hospitales de la región, el Hospital de Valdemoro, el de Torrejón y el Rey Juan Carlos.
El juez va a estudiar las irregularidades relacionadas con la privatización de estos centros. Entre las personas imputadas figuran los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía hoy director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio, beneficiarias de varios de los contratos de esta privatización.
También tendrán que declarar ante el juez en esa condición Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Juan Antonio Álvaro de la Parra, en su condición de representante de la Fundación Jiménez Díaz y los representantes de Asisa y de Unilabs, sociedad en la que trabajó el ex consejero Güemes y que abandonó tras publicarse que era consejero y que se había beneficiado de la externalización de servicios en su época de consejero.
Todos ellos tendrán que explicarse ante el juez entre los meses de septiembre y octubre. En el documento no aparece explícitamente la palabra imputación, pero el hecho de que comparezcan como querellados con asistencia letrada significa que lo están, según la Fiscalía de Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con Juan José Güemes, que ha afirmado no tener conocimiento de la imputación y no ha querido hacer declaraciones al respecto.
El juez, Marcelino Sexmero Iglesias, el mismo que archivó el escrache a Soraya Sáez de Santamaría, admite a trámite la querella criminal presentada por el Procurador Jorge Deleito García, en nombre y representación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), por los delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
El Partido Socialista madrileño (PSM) se ha personado en estas diligencias previas y el juez ha admitido que esté en el procedimiento.
ELMUNDO.es ha podido hablar con el abogado que firmó la querella, Rafael Mateo Alcántara, del bufete López Rodó y Cruz Ferrer, quien señala que el juez ha admitido la querella completa. "Ratificamos la querella el pasado jueves y ahora el juez ha decidido que tiene que ir para adelante, y lo ha hecho con un auto muy bien fundamentado", asegura.
El camino contrario, es decir, cuando un paciente de un hospital público es derivado a uno de gestión privada sí que es bien facturado por este último. "Se ha creado una forma de funcionar a través de las listas de espera y un 'call center' para llamar a todo el que tenga que ser operado en un hospital público y finalmente se le intervenga en uno de gestión privada. Al paciente se le dice que no se le opera en su hospital público porque hay mucha lista de espera y eso, a veces, no es cierto. Lo que ocurre es que se derivan a esos centros porque cobran por eso, por unos servicios que se podrían hacer en el público. Parece que hay una mano negra".
En cuanto a la acusación por coacciones Mateo Alcántara señala que se han detectado correos enviados a centros de atención primaria donde se les instaba a derivar a pacientes a los que se les tiene que hacer ciertas pruebas, como colonoscopias, a un hospital de gestión privada. "Parece como si hubiese un negocio o un mercado para derivar a los pacientes y con esto se está vulnerando el derecho a la libre elección del centro que tiene el paciente en la Comunidad de Madrid".
Este abogado insiste en que, con esta querella, lo que se pretende es que el juez investigue lo que parece una serie de irregularidades en la gestión. Pero también hay más, como la acusación de delito a la Hacienda Pública. "La facturación intercentros tiene que tener una cuenta final de resultados equivalente a cero. Pero lo que vemos en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid es que faltan 53 millones de euros, es decir, la cuenta de facturación intercentros da un negativo de 53 millones de euros. Ese es un dinero que no cuadra".
La acusación de prevaricación y cohecho está relacionada con la vinculación de los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes con empresas que gestionan servicios que fueron anulados o externalizados cuando ellos estaban al frente de la Consejería. "Lamela, que asistió a la inauguración del Hospital de Valdemoro cuando se externalizó su gestión, se puso a trabajar en una empresa que trabaja para ese hospital, Asignia Infraestructuras, y Güemes, que desmanteló el laboratorio central de Madrid, posteriormente trabajó en Unilabs, que participó en el nuevo laboratorio centralizado", explica el abogado del bufete López Rodó y Cruz Ferrer.
Por otro lado, Capio Sanidad, S. L. (ahora renombrada con IDC Salud), tendrá que explicar ante el juez quién está detrás de las sociedades con las que hizo la ampliación de capital. "Son sociedades opacas, algo que no se puede consentir cuando esta empresa gestiona centros de un sistema público", asegura Mateo Alcántara. También se tendrá que aclarar por qué la Consejería dio gratuitamente a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, los centros de especialidades Quintana y Pontones.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/21/madrid/1371815819.html
El juez va a estudiar las irregularidades relacionadas con la privatización de estos centros. Entre las personas imputadas figuran los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía hoy director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio, beneficiarias de varios de los contratos de esta privatización.
También tendrán que declarar ante el juez en esa condición Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Juan Antonio Álvaro de la Parra, en su condición de representante de la Fundación Jiménez Díaz y los representantes de Asisa y de Unilabs, sociedad en la que trabajó el ex consejero Güemes y que abandonó tras publicarse que era consejero y que se había beneficiado de la externalización de servicios en su época de consejero.
Todos ellos tendrán que explicarse ante el juez entre los meses de septiembre y octubre. En el documento no aparece explícitamente la palabra imputación, pero el hecho de que comparezcan como querellados con asistencia letrada significa que lo están, según la Fiscalía de Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con Juan José Güemes, que ha afirmado no tener conocimiento de la imputación y no ha querido hacer declaraciones al respecto.
El juez, Marcelino Sexmero Iglesias, el mismo que archivó el escrache a Soraya Sáez de Santamaría, admite a trámite la querella criminal presentada por el Procurador Jorge Deleito García, en nombre y representación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), por los delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
El Partido Socialista madrileño (PSM) se ha personado en estas diligencias previas y el juez ha admitido que esté en el procedimiento.
ELMUNDO.es ha podido hablar con el abogado que firmó la querella, Rafael Mateo Alcántara, del bufete López Rodó y Cruz Ferrer, quien señala que el juez ha admitido la querella completa. "Ratificamos la querella el pasado jueves y ahora el juez ha decidido que tiene que ir para adelante, y lo ha hecho con un auto muy bien fundamentado", asegura.
Facturación intercentros
Este abogado sostiene que se han detectado irregularidades en el funcionamiento de la gestión de los tres hospitales mencionados. "El problema es que se estableció con los tres centros un precio per cápita para atender a toda la población de referencia. Sin embargo, lo que ocurre es que estos centros derivan a otros de gestión pública todos aquellos pacientes para los que no cuenta con una especialidad en su centro. Como no se estableció ningún sistema para controlar esa facturación intercentros ese dinero se lo han quedado las empresas gestoras, que debían pagar a los hospitales públicos, con lo que hay una malversación de dinero porque las empresas encargadas de la gestión reciben un beneficio doble".El camino contrario, es decir, cuando un paciente de un hospital público es derivado a uno de gestión privada sí que es bien facturado por este último. "Se ha creado una forma de funcionar a través de las listas de espera y un 'call center' para llamar a todo el que tenga que ser operado en un hospital público y finalmente se le intervenga en uno de gestión privada. Al paciente se le dice que no se le opera en su hospital público porque hay mucha lista de espera y eso, a veces, no es cierto. Lo que ocurre es que se derivan a esos centros porque cobran por eso, por unos servicios que se podrían hacer en el público. Parece que hay una mano negra".
En cuanto a la acusación por coacciones Mateo Alcántara señala que se han detectado correos enviados a centros de atención primaria donde se les instaba a derivar a pacientes a los que se les tiene que hacer ciertas pruebas, como colonoscopias, a un hospital de gestión privada. "Parece como si hubiese un negocio o un mercado para derivar a los pacientes y con esto se está vulnerando el derecho a la libre elección del centro que tiene el paciente en la Comunidad de Madrid".
Este abogado insiste en que, con esta querella, lo que se pretende es que el juez investigue lo que parece una serie de irregularidades en la gestión. Pero también hay más, como la acusación de delito a la Hacienda Pública. "La facturación intercentros tiene que tener una cuenta final de resultados equivalente a cero. Pero lo que vemos en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid es que faltan 53 millones de euros, es decir, la cuenta de facturación intercentros da un negativo de 53 millones de euros. Ese es un dinero que no cuadra".
La acusación de prevaricación y cohecho está relacionada con la vinculación de los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes con empresas que gestionan servicios que fueron anulados o externalizados cuando ellos estaban al frente de la Consejería. "Lamela, que asistió a la inauguración del Hospital de Valdemoro cuando se externalizó su gestión, se puso a trabajar en una empresa que trabaja para ese hospital, Asignia Infraestructuras, y Güemes, que desmanteló el laboratorio central de Madrid, posteriormente trabajó en Unilabs, que participó en el nuevo laboratorio centralizado", explica el abogado del bufete López Rodó y Cruz Ferrer.
Por otro lado, Capio Sanidad, S. L. (ahora renombrada con IDC Salud), tendrá que explicar ante el juez quién está detrás de las sociedades con las que hizo la ampliación de capital. "Son sociedades opacas, algo que no se puede consentir cuando esta empresa gestiona centros de un sistema público", asegura Mateo Alcántara. También se tendrá que aclarar por qué la Consejería dio gratuitamente a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, los centros de especialidades Quintana y Pontones.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/21/madrid/1371815819.html
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