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lunes, 5 de mayo de 2014

Montserrat Caballé, imputada por delito fiscal, es el último personaje perseguido por Hacienda

El fraude de los famosos

Montserrat Caballé, imputada por delito fiscal, es el último personaje perseguido por Hacienda como antes los fueron desde Lola Flores a Ana Torroja

Isabel Pantoja fue condenada por blanqueo de dinero y Rafa Nadal creó una sociedad en el País Vasco para pagar menos


Se conocen como “sanciones ejemplarizantes”. Oficialmente no están clasificadas como tal pero en momentos claves aparecen a modo de recordatorio de que Hacienda vigila. Los protagonistas de estas acciones fiscales suelen ser personajes con gran implantación popular. La última ha sido la prestigiosa soprano Montserrat Caballé a quien la fiscalía reclama 500.000 euros en plena campaña de la Declaración de la Renta. En esta situación han estado antes desde Lola Flores a Ana Torroja, pansado por los hermanos Sánchez Vicario o el cocinero Sergi Arola.
Caballé, de 81 años, ha asegurado, mediante un comunicado, que sus problemas con Hacienda “están en vías de solución”. La artista se pronuncia después de que el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona la haya citado a declarar para el próximo viernes como imputada por un presunto fraude fiscal en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de 2010. Según la querella de la fiscalía de delitos económicos de Barcelona, Caballé gestionó una serie de eventos y actuaciones musicales en Europa a través de una sociedad andorrana, lo que le permitió eludir el pago de impuestos. La fiscalía cita, en concreto, actuaciones y grabaciones en Moscú, Ginebra y Barcelona, cuya contratación fue gestionada por esa sociedad andorrana para eludir el pago del IRPF. La artista percibió, supuestamente, el dinero por esos eventos en un banco del mismo país.
La querella, que ha sido admitida a trámite, añade que Caballé vivía habitualmente en Barcelona, a pesar de que constaba que estaba residiendo en Andorra. De hecho en la ciudad catalana se trata de las dolencias que sufre y que la han obligado en los últimos años ha reducir sus actuaciones. Todo parece indicar que la soprano llegará a un acuerdo antes de tener que sentarse en el banquillo.
Fue Lola Flores, otra grande del mundo de espectáculo, la primera famosa protagonista de una sanción ejemplar. La folclórica no presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 1982 a 1985. Por ello, el fiscal, Luis Jordana de Pozas solicitó dos años y un mes de prisión para ella, multa de 96 millones de pesetas y una indemnización al Estado con 52 millones de pesetas, que era la cantidad que se consideró que la artista defraudó durante los cuatro años. “Yo no sabía que eso tenía tanto castigo”, se justificó entonces la artista. “Sabía que tenía que pagar, pero tenía todos los pisos y locales hipotecados. Tuve que vender el de María de Molina para pagar las hipotecas”. Luego hizo un llamamiento para que todos los españoles la ayudaran a pagar.
Como Caballé son muchos los deportistas y artistas que en algún momento, residieron en el exterior, habitualmente, en paraísos fiscales de baja o nula tributación. En diciembre de 2009 el Tribunal Supremo condenó a Arantxa Sánchez Vicario por evasión de impuestos. La tenista alegó haber residido en Andorra entre 1989 a 1993, pero Hacienda le reclama 3,5 millones de euros.
Además de Arantxa estuvo en esta situación su hermano Javier que como el tenor Alfredo Kraus, la modelo Judit Mascó, el también tenista Carlos Moya, el piloto de rallies Carlos Sainz, o el pilotos de motos Jorge Lorenzo (hasta 2013) declararon vivir en el Principado.
El intermediario deportivo Josep María Minguella escogió Bulgaria para pagar menos. Otro Sánchez Vicario, Emilio, se hizo residente en Mónaco como sus compañeros tenistas Sergi Bruguera, Alberto Bersategi y los también deportistas, el ciclista Abraham Olano y el golfista fallecido Severiano Ballesteros.
Lola Flores, en 1994. / GORKA LEJARCEGI
La también tenista Conchita Martínez, los pilotos Pedro Martínez de la Rosa, Fernando Alonso (hasta mayo de 2011) y Jorge Lorenzo (desde 2013), se establecieron en Suiza, mientras que Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo (hasta 2010) lo hicieron en Londres. Sete Gibernau, subcampeón del mundo de MotoGP, fue condenado en 2013 por defraudar 2,8 millones de euros, en 2005 y 2006, el año que se retiró. El expiloto debía declarar en España al residir en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y no en Suiza,
Rafa Nadal recurrió a otra estrategia para pagar menos. Sus sociedades entre 2005 y 2011 movieron 56 millones pero tributaron en el País Vasco para obtener unas ventajas fiscales que no tenía en Manacor (Baleares), donde reside. Una plan parecido al del productor José Luis Moreno. La Agencia Tributaria comprobó en 2008 que Miramón Mendi, S.A., su principal empresa tampoco desarrollaba en el País Vasco ninguna de sus actividades aunque estaba localizada allí.
Uno de los casos más famosos y recientes es el de Isabel Pantoja, condenada en abril de 2013 a 24 meses de prisión por un caso de blanqueo de capitales en el que también estaban acusados el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, su pareja durante varios años, Maite Zaldívar y otras cuatro personas. A la cantante además se le impuso una multa de 1.147.000 euros.
Ese mismo año el cocinero Sergi Arola estuvo en el punto de mira. Su restaurante Gastro, con dos estrellas Michelin, fue precintado. El establecimiento debía a Hacienda 148.000 euros y a la Seguridad Social, 160.000. En total, 308.000 euros. Dos semanas después, el cocinero levantaba de nuevo el cierre del establecimiento tras haber llegado a una fórmula de pago. Arola desveló tuvo que vender su chalé de dos plantas y su moto de gran cilindrada.
Ana Torroja ha sido la última en ser condenada. El pasado día 9 de abril, la cantante admitió haber cometido tres delitos fiscales cometidos en 2003, 2006 y 2007 y fue condenada a compensar a la Hacienda Pública con millón y medio de euros y a una pena de cinco meses de prisión, más las sanciones económicas por su implicación en el caso Relámpago, vinculado con el despacho de abogados Feliu, en el que varios de sus clientes— que acabaron imputados— alegaron que eran residentes fiscales en Inglaterra y que no tenían obligación de declarar en España.

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