Las CCAA ahorrarían 230 millones si prescindieran de su Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas

• Los gobiernos autonómicos son ahora los que deben decidir si aplican estas propuestas

• En la actualidad, 11 comunidades disponen de su propio Defensor del Pueblo

• Otras 13 cuentan con una institución fiscalizadora en su territorio

• El Ejecutivo también propone eliminar los centros de estudios de opinión

El Gobierno calcula que si las comunidades autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas autonómicos se podría ahorrar en tres años casi 230 millones. Además, plantea la eliminación de los centros de estudios de opinión autonómicos, las agencias de protección de datos y las agencias de meteorología, con las que se ahorraría en tres ejercicios alrededor de 39 millones de euros.
Así se recoge en el informe detallado elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que ha publicado este martes el Ministerio de Hacienda y que incluye las 120 medidas de la subcomisión de duplicidades administrativas.
Este documento de más de 700 páginas, que ha recogido Europa Press, ya ha sido remitido a las comunidades autónomas, que son las que deben decidir si están dispuestas a aplicar en sus respectivos territorios estas propuestas para evitar duplicidades entre la Administración General del Estado y las autonomías.
En concreto, en el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. En ellas la denominación no siempre es Defensor del Pueblo, sino que a veces es Ararteko, Sindic de Greures, Procurador, Valedor do Pobo o Diputado del común.
El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en tres años si se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones). A su entender, esta medida permitiría optimizar los recursos, ya que, según subraya, el coste medio de tramitar una queja en los defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros a nivel estatal.

Bajo rendimiento

Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca el bajo rendimiento de los recursos destinados a los Ombudsman autonómicos, ya que 346 personas tramitan 38.407 quejas mientras que en el estatal 165 tramitan 33.849 quejas.
En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno recuerda que 13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia).
Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de control externo autonómico (OCEX), en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según los cálculos del Ejecutivo.
Entre las "ineficiencias" para poner en marcha esta medida destaca el "bajo rendimiento" de los recursos destinados a estos tribunales, la "desigualdad" entre comunidades al no contar todas con ellos y la "heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y resultados" de los diferentes OCEX.

Más organismos suprimibles

El Gobierno aboga además por la desaparición de la Autoridad Catalana de Protección de Datos -tiene un presupuesto de 2,8 millones para este año- y la Agencia Vasca de Protección de Datos -con un presupuesto de 1,6 millones-.
Según añade, la supresión de ambas permitiría ahorrar en el primer año un total de 1,7 millones, que ascendería a 7,5 millones en tres años, de acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Para eliminar duplicidades en relación con los estudios de opinión y fomento de la investigación sociológica, el Gobierno plantea la desaparición de los organismos específicos similares al CIS que hay en Andalucía, País Vasco y Cataluña.
El gasto en estos organismos asciende a 4,060 millones. En concreto, el CEO catalán cuenta con un presupuesto de 1,2 millones; el Gabinete de Prospección Sociológica del País Vasco dispone de 700.000 euros; y el Centro de Estudios Andaluces de 2,1 millones. Con su supresión el ahorro en tres ejercicios sería de 4,85 millones, según el Ejecutivo.
En lo referente a los servicios meteorológicos, se propone la supresión del Servei Meteorologic de Catalunya (SMC), de MeteoGalicia y de Euskalnet para eliminar duplicidades con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El ahorro total de esta medida -incluyendo la absorción del personal- sería de 26,46 millones de euros en tres años, de los cuales 10,8 millones corresponderían a Cataluña.
Asimismo, se sugiere la eliminación de las estaciones meteorológicas redundantes

 http://www.elmundo.es/espana/2013/12/03/529e2e8063fd3dc3058b4571.html