Seis de cada diez españoles aceptarían el copago sanitario en función de la renta
Siete de cada diez españoles defienden que el Gobierno central vuelva a asumir las competencias de sanidad en manos de las comunidades autónomas, como una de las soluciones a los problemas financieros del sistema sanitario.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio presentado ayer sobre El futuro de la sanidad pública del Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería, que recoge la percepción de la sociedad sobre el Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad en un contexto de crisis económica.
Los ciudadanos entienden que el regreso de las competencias a la Administración central daría más seguridad al sistema sanitario y garantizaría su pervivencia, según explicó José María San Segundo, responsable del trabajo.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, lo justificó en que existe "la percepción de que algo está pasando con las fronteras artificiales (entre comunidades) que se están creando en el sistema sanitario".
El estudio realizado mediante 1.200 entrevistas recoge una muestra representativa de la sociedad española por sexo, edad y comunidad autónoma, señaló González Jurado, quien aseguró que se va a remitir a todos los partidos políticos.
Según la encuesta, el 60% acepta el establecimiento de un copago en función de la renta como otra forma de garantizar el sistema, si bien más el 70% considera que la medida sería socialmente rechazada, aunque "justa" y "eficaz" en los próximos años.
Los ciudadanos de clase media- baja son los que asumen de mejor grado esta medida, que despierta más simpatía entre la población que el establecimiento de un pago disuasorio, que sólo lo acepta un 44,2%.
Un 66% aboga por la búsqueda de vías para frenar el gasto, entre ellas, el pago de algunos servicios, una medida que cala más fuerte entre los jóvenes de 16 a 34 años y entre la clase media-alta.
Estos datos ponen de relieve, según San Segundo, que los ciudadanos consideran que "hay que salvar el sistema por encima de todo porque es irrenunciable, aunque para ello haya que hacer algún esfuerzo".
A la pregunta de en quién debe recaer el liderazgo de la mejora del sistema sanitario, un 51% apunta a los profesionales y un 35% a los responsables políticos elegidos.
Otra de las conclusiones del estudio es que una gran parte de los ciudadanos, incluidos el 4,9% que sólo tiene sanidad privada, prefieren la pública, especialmente cuando se trata de emergencias o de operaciones y enfermedades graves.
Casi el 60% de los entrevistados estarían de acuerdo con una gestión privada siempre que se mantenga la sanidad pública como gratuita.
El estudio pone de relieve que un 92% de los españoles consideran que la sanidad pública tiene problemas económicos y, de ellos, el 86,6% entiende que éstos son graves o muy graves, mientras que un 64% cree que se van a incrementar en el futuro.
No obstante, una amplia mayoría (68,6%) no ha detectado deficiencias en la atención recibida debido a los problemas económicos.
La crisis es el primer factor que señalan los encuestados como el que más influye en la situación actual de la sanidad, seguido de los abusos de los usuarios, la mala gestión, el envejecimiento de la población o el incremento del coste de determinados tratamientos.
Uno de cada ocho encuestados consideran que el Estado debería asumir "sin restricciones" todos los incrementos de gasto del sistema sanitario aunque suponga un mayor endeudamiento.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio presentado ayer sobre El futuro de la sanidad pública del Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería, que recoge la percepción de la sociedad sobre el Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad en un contexto de crisis económica.
Los ciudadanos entienden que el regreso de las competencias a la Administración central daría más seguridad al sistema sanitario y garantizaría su pervivencia, según explicó José María San Segundo, responsable del trabajo.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, lo justificó en que existe "la percepción de que algo está pasando con las fronteras artificiales (entre comunidades) que se están creando en el sistema sanitario".
El estudio realizado mediante 1.200 entrevistas recoge una muestra representativa de la sociedad española por sexo, edad y comunidad autónoma, señaló González Jurado, quien aseguró que se va a remitir a todos los partidos políticos.
Según la encuesta, el 60% acepta el establecimiento de un copago en función de la renta como otra forma de garantizar el sistema, si bien más el 70% considera que la medida sería socialmente rechazada, aunque "justa" y "eficaz" en los próximos años.
Los ciudadanos de clase media- baja son los que asumen de mejor grado esta medida, que despierta más simpatía entre la población que el establecimiento de un pago disuasorio, que sólo lo acepta un 44,2%.
Un 66% aboga por la búsqueda de vías para frenar el gasto, entre ellas, el pago de algunos servicios, una medida que cala más fuerte entre los jóvenes de 16 a 34 años y entre la clase media-alta.
Estos datos ponen de relieve, según San Segundo, que los ciudadanos consideran que "hay que salvar el sistema por encima de todo porque es irrenunciable, aunque para ello haya que hacer algún esfuerzo".
A la pregunta de en quién debe recaer el liderazgo de la mejora del sistema sanitario, un 51% apunta a los profesionales y un 35% a los responsables políticos elegidos.
Otra de las conclusiones del estudio es que una gran parte de los ciudadanos, incluidos el 4,9% que sólo tiene sanidad privada, prefieren la pública, especialmente cuando se trata de emergencias o de operaciones y enfermedades graves.
Casi el 60% de los entrevistados estarían de acuerdo con una gestión privada siempre que se mantenga la sanidad pública como gratuita.
El estudio pone de relieve que un 92% de los españoles consideran que la sanidad pública tiene problemas económicos y, de ellos, el 86,6% entiende que éstos son graves o muy graves, mientras que un 64% cree que se van a incrementar en el futuro.
No obstante, una amplia mayoría (68,6%) no ha detectado deficiencias en la atención recibida debido a los problemas económicos.
La crisis es el primer factor que señalan los encuestados como el que más influye en la situación actual de la sanidad, seguido de los abusos de los usuarios, la mala gestión, el envejecimiento de la población o el incremento del coste de determinados tratamientos.
Uno de cada ocho encuestados consideran que el Estado debería asumir "sin restricciones" todos los incrementos de gasto del sistema sanitario aunque suponga un mayor endeudamiento.
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