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viernes, 21 de agosto de 2015

Las CCAA se plantan: 'La exclusión sanitaria en España tiene los días contados'

Un hombre sostiene varias tarjetas sanitarias de la Comunidad de...Las CCAA se plantan: 'La exclusión sanitaria en España tiene los días contados'

El anuncio de la la Comunidad de Madrid de que dará cobertura sanitaria a inmigrantes en situación irregular se produce un día después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiese a las comunidades autónomas que les han devuelto la atención sanitaria que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
El PP ha negado a través del secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro que "en modo alguno (el gobierno) ha amenazado" a las comunidades por la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales, ha dicho. Y ha añadido que el PP quiere "dar un paso adelante" para que los inmigrantes sin papeles no solo tengan derecho a las urgencias sanitarias, sino también a la atención primaria.
Para el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, también el Gobierno y el PP "acostumbran muchas veces a lanzar amenazas que no controla", mientras que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha tildado de "vergonzosa" e "irresponsable" la advertencia de Sanidad.

Valencia: 'No es inasumible para nosotros'

Las comunidades autónomas también han reaccionado. Así, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha considerado que las "amenazas" del Ejecutivo "están fuera de lugar", al igual que el de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, quien ha opinado que "están fuera de lugar" y que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.

Un 'parche anacrónico'


La Asociación Sin Papeles de Madrid cree que la tarjeta específica para que los inmigrantes sin documentos reciban atención primaria y especializada que ha anunciado Cifuentes puede llevar a casos de "exclusión, negación de pruebas sanitarias o de medicamentos". En esta línea, considera que el documento es un "parche anacrónico" que no reconoce los derechos de los inmigrantes "en igualdad de condiciones". Además, ha hecho hincapié en que lo más justo sería dar tarjetas sanitarias ya que la realidad ha demostrado que no hacerlo "es cruel e inhumano".
la consellera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, cree que la "amenaza" de multas por prestar asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares es una "salida de tono sin fundamento" y opina que "la exclusión sanitaria en España tiene los días contados".
En el ámbito del Tribunal Constitucional "ya hubo un pronunciamiento contra el recorte de los servicios en el País Vasco, y se recomendó velar por la salud de las personas migrantes en situación irregular".
"También el Consejo de Europa, en enero de 2014, juzgó la supresión de la asistencia como ilegal, y dijo que el pretexto de la crisis no podía servir para negar la asistencia sanitaria", ha apuntado Montón.
La consellera ha citado también a Naciones Unidas, al recordar que "también arremetió en contra de esta medida, que calificó de inaceptable, y exigió al Gobierno de España un cambio de rumbo".
A su juicio la reacción del Gobierno central obedece al "nerviosismo propio de saber que la exclusión sanitaria en España se termina y tiene los días contados, los que le quedan a Rajoy en el Gobierno".
Esta exclusión, ha explicado "afectó a 100.000 personas en la Comunitat Valenciana", si bien se estima que 30.000 de ellas la recuperarán.
"No es algo que financieramente sea inasumible para nosotros. Si hablamos en costes económicos es mucho más gravoso una atención en urgencias que una atención a nivel de prevención o de atención primaria", ha añadido.
"Pero no quiero reducirlo a términos económicos, yo creo que la salud de las personas se tiene que medir en el bienestar, no en euros, porque estamos hablando de una atención básica, fundamental, que es la asistencia sanitaria que está dentro de los derechos humanos", ha concluido.

Cantabria: 'No toleraremos amenazas'

Por su parte, la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Cantabria "no va a tolerar amenazas" del Gobierno central por devolver la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y ha planteado la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo para que se pronuncie al respecto.
En la misma línea, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha opinado que se trata de una "pataleta" del Gobierno central, al que ve "un poco nervioso", y ha considerado "penoso" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "gaste tiempo y recursos económicos y humanos en combatir a las comunidades autónomas en lugar de a mejorar la universalidad de la asistencia sanitaria".
Real ha destacado que la normativa cántabra "lo único" que trata es de dar de nuevo asistencia sanitaria, "exclusivamente en Cantabria", a aquellas personas que se vieron excluidas por el citado decreto, y que "no son solamente extranjeros, sino también españoles que han estado en el extranjero más de tres meses".

Baleares: 'Dejad de poner palos en las ruedas'

En este sentido, la líder del Ejecutivo balear, Francina Armengol, ha dicho que lo que debe hacer el Gobierno central es "dejar de poner palos en las ruedas" de la gestión autonómica y "plantearse una mejora en el apoyo a las comunidades, para que éstas puedan garantizar los servicios básicos, como la salud o la educación, a todos los ciudadanos".
Además, ha destacado que el Ejecutivo balear no ha recibido ninguna "comunicación oficial", en referencia al posible incumplimiento normativo planteado por el secretario general de Sanidad, y que otras comunidades (Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana) lo han hecho también, ejerciendo las competencias que se los corresponden en materia sanitaria.

Andalucía: 'No se puede jugar con la salud de personas tan vulnerables'

La Junta de Andalucía continuará garantizando asistencia sanitaria a los extranjeros que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos, según ha anunciado este viernes, cuando el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha calificado de "inadmisibles las amenazas del Ministerio".
En un comunicado, Alonso, que ha destacado que en Andalucía siempre han defendido "la universalidad de la sanidad pública sin hacer distinciones en función de los recursos económicos", ha explicado que es "una decisión solidaria que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos" y ha recordado que en territorio andaluz se viene garantizando esta asistencia desde 1999.
Asimismo, desde ese año, la comunidad ha garantizado la asistencia sanitaria "mediante diferentes instrucciones que se han ido adaptando a las necesidades de cada momento y siempre dentro de la legalidad vigente y la competencia autonómica".
"La atención sanitaria a extranjeros no regularizados se mantendrá, por tanto, por razones humanitarias y de salud pública", ha señalado el consejero, quien, además, ha indicado que es "absolutamente falso" que esta protección a inmigrantes "incumpla o pueda contravenir los acuerdos sobre asistencia sanitaria a ciudadanos de países miembros de la Unión Europea".
"Ahora el Ministerio amenaza con penalizaciones y sanciones a las comunidades que ofrecen asistencia sanitaria y usa como arma la presión de la Unión Europea", ha criticado el consejero, al mismo tiempo que ha pedido "coherencia y claridad" al Ministerio de Sanidad porque "no se puede jugar con la salud de personas tan vulnerables como los inmigrantes sin recursos que llegan a nuestro país".
En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma.

Navarra: 'No es apropiado ni el fondo, ni la forma'

El departamento de Salud navarro, que también tiene la intención de "garantizar la universalidad" de la sanidad, tampoco considera "apropiadas ni en el fondo, ni en la forma" lo dicho desde el Ministerio.
Tampoco Canarias entiende "los reparos" que ahora anuncia el Gobierno que, a su juicio, trata de "amedrentar" a las comunidades para que desistan de asistir a este colectivo, por lo que ha asegurado que seguirá adelante con los trámites para restituir ese derecho.
La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha asegurado que mientras espera a que el asunto se debata y concrete en el Consejo Interterritorial de Salud, en la comunidad se atiende al colectivo porque "lo principal" es garantizar la atención.
Murcia, desde el principio, asiste a dos colectivos de inmigrantes que, en un principio, no tenían derecho a atención y se hace del mismo modo que antes de la entrada en vigor de la reforma sanitaria: los que tienen enfermedades infectocontagiosa y los crónicos o con patologías graves.
Al igual que otras comunidades, Extremadura aprobará una norma para que la atención a inmigrantes irregulares sea universal, en tanto el País Vasco asegura que no le afecta la advertencia porque la tarjeta que les entrega fue avalada por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Principado de Asturias prefiere no pronunciarse por el momento sobre las posibles multas millonarias que puede ocasionar, según Sanidad, la forma en la que se restituye la atención a los irregulares.
 
 http://www.elmundo.es/salud/2015/08/21/55d755dc46163f9e2e8b4589.html
 

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