Más de cinco millones de dólares en recompensas contra las 'mordidas'
La cifra, desvelada por Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, en una entrevista con 'El Universal', completa el anuncio realizado el pasado día 2 por Calderón, en un intento por luchar contra la enraizada corrupción de los funcionarios y el frecuente pago de sobornos por parte de las empresas que aspiran a adjudicarse un concurso.
Según la Confederación de Cámaras Industriales de México, "se pagan más de 27.000 millones de pesos (unos 2.234 millones de dólares) al año en prácticas relacionadas con la corrupción".
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), un 'think tank' mexicano, eleva esa cifra hasta los 62.500 millones de euros. O lo que es lo mismo: las empresas dedican entre el 6 y el 10% de sus ingresos a sobornar a políticos y funcionarios mexicanos. Y eso sin contar con lo que paga un ciudadano de a pie por evitar una multa o las mucho más altas cantidades que manejan los 'narcos' para poder hacer negocios sin ser molestados por la policía o los gobernantes locales.
La nueva legislación, que aún tiene que aprobar el Congreso, tipifica y sanciona "severamente" tanto a quien reciba el dinero como a quien lo entregue, desde el conductor que acceda a las pretensiones de un policía para ahorrarse una multa hasta las empresas que suman a sus ofertas por contratos públicos un plus para el funcionario de turno.
Por ejemplo, en este último caso, la empresa en cuestión podrá ser condenada con una sanción que alcanzaría hasta 30% del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular. Y los que violen la ley se arriesgarían a no volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de ocho años. Los cargos públicos se enfrentarán por su parte a penas de prisión y de inhabilitación.
Según Vega Casillas, es habitual que las empresas se pongan de acuerdo entre ellas para ofrecer un alto costo al gobierno federal y "se van repartiendo las ganancias". Ofrecen sobornos a los funcionarios para ser favorecidos con las licitaciones o las mismas dependencias del gobierno federal crean "convenios" y así ya no tienen que lanzar una convocatoria para una licitación.
Calderón ha calificado esta realidad como "un cáncer social". "Es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral, en el que quien ofrece dinero, dádivas o beneficios es culpable, como quien recibe ese dinero, las dádivas o los servicios", proclamó al anunciar el envío al Congreso de una Iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
http://www.elmundo.es/america/2011/03/16/mexico/1300288132.html
Según la Confederación de Cámaras Industriales de México, "se pagan más de 27.000 millones de pesos (unos 2.234 millones de dólares) al año en prácticas relacionadas con la corrupción".
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), un 'think tank' mexicano, eleva esa cifra hasta los 62.500 millones de euros. O lo que es lo mismo: las empresas dedican entre el 6 y el 10% de sus ingresos a sobornar a políticos y funcionarios mexicanos. Y eso sin contar con lo que paga un ciudadano de a pie por evitar una multa o las mucho más altas cantidades que manejan los 'narcos' para poder hacer negocios sin ser molestados por la policía o los gobernantes locales.
La nueva legislación, que aún tiene que aprobar el Congreso, tipifica y sanciona "severamente" tanto a quien reciba el dinero como a quien lo entregue, desde el conductor que acceda a las pretensiones de un policía para ahorrarse una multa hasta las empresas que suman a sus ofertas por contratos públicos un plus para el funcionario de turno.
Por ejemplo, en este último caso, la empresa en cuestión podrá ser condenada con una sanción que alcanzaría hasta 30% del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular. Y los que violen la ley se arriesgarían a no volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de ocho años. Los cargos públicos se enfrentarán por su parte a penas de prisión y de inhabilitación.
Según Vega Casillas, es habitual que las empresas se pongan de acuerdo entre ellas para ofrecer un alto costo al gobierno federal y "se van repartiendo las ganancias". Ofrecen sobornos a los funcionarios para ser favorecidos con las licitaciones o las mismas dependencias del gobierno federal crean "convenios" y así ya no tienen que lanzar una convocatoria para una licitación.
Calderón ha calificado esta realidad como "un cáncer social". "Es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral, en el que quien ofrece dinero, dádivas o beneficios es culpable, como quien recibe ese dinero, las dádivas o los servicios", proclamó al anunciar el envío al Congreso de una Iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
http://www.elmundo.es/america/2011/03/16/mexico/1300288132.html
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