El Ejército hondureño toma las calles para frenar la ola de violencia que azota al país

El Ejército hondureño toma las calles para frenar la ola de violencia que azota al país

Más de mil militares patrullan desde este miércoles junto a la Policía Nacional por las calles de las principales ciudades de Honduras en un intento por frenar la imparable ola de violencia y actos delictivos que se ha recrudecido en las últimas semanas.
Los sucesos más escalofriantes ocupan cada día las portadas de los periódicos nacionales. Hablar de asesinatos, tiroteos y otras acciones a manos de sicarios o pandilleros no es noticia en un país que tiene el dudoso honor de ver sus dos principales ciudades -San Pedro Sula y Tegucigalpa- en el tercer y sexto puesto, respectivamente, del listado de lugares más violentos del mundo por tasa de homicidios. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, una persona es asesinada en el país cada 88 minutos.
En la última quincena de febrero, sin embargo, el número de muertes violentas ha llegado a duplicarse respecto a las cifras manejadas habitualmente por la policía. Un pastor evangélico, dos abogados, un empresario, un ex guardaespaldas o un directivo del Partido Demócrata Cristiano han perdido la vida en diferentes regiones del país en sendos tiroteos.
Sólo en 24 horas, tres personas fueron asesinadas en Tegucigalpa por sicarios a bordo de motocicletas. Todos los casos se investigan, pero en ningún caso se ha detenido a los responsables.

Ejército a las calles

Esta tendencia mantiene atemorizada a buena parte de la población y parece preocupar también al Gobierno, que ha ordenado salir a las calles a un millar de miembros de las Fuerzas Armadas para acompañar a los 14.000 policías en servicio incapaces de controlar la situación.
Este miércoles se observa ya la presencia de militares realizando controles de seguridad en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y otras grandes ciudades.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, anunció más medidas que serán propuestas al Congreso en breve para tratar de reducir los niveles de delincuencia.
Entre ellas, se planteará ampliar de 24 a 72 horas el plazo para interrogar a un sospechoso detenido, poder allanar una casa a cualquier hora del día o de la noche -y no entre las 6.00 y las 18.00h. como permite la ley actual-, y prohibir el uso de motocicletas por más de un pasajero. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos ya han expresado su rechazo más rotundo a estas iniciativas.

Repunte del sicariato en moto

La regulación del uso de motocicletas no es nueva. El año pasado, el Gobierno aprobó la prohibición de que dos hombres viajaran a la vez a bordo de este transporte, el más utilizado por los sicarios para cometer asesinatos. El rechazo de la población más pobre, que utiliza la moto como medio para llegar a su centro de estudio o de trabajo, contribuyó a que la medida no llegara a entrar en vigor.
El ejecutivo baraja ahora prohibir el segundo pasajero, obligar a quien adquiera una motocicleta a la acreditación de sus antecedentes penales o el uso obligatorio de chalecos que identifiquen al conductor con su matrícula, pese a lo fácil que resultaría clonarlos como ocurre con los coches utilizados en el crimen organizado. En los últimos tiempos, además, prolifera la manipulación de motocicletas y en algunos talleres se coloca el acelerador en el lado izquierdo, de manera que el conductor puede usar su mano derecha para realizar el disparo.
Frente a las medidas del gobierno, muchos sectores civiles continúan aclamando una depuración urgente del cuerpo policial para atajar de raíz la delincuencia e inseguridad tras cientos de denuncias interpuestas por presuntos hurtos y abusos de poder de los agentes.
Otras agrupaciones abogan incluso por un desarme general de la sociedad. No en vano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que en Honduras puede haber más de 800.000 armas en circulación, 650.000 de ellas de manera ilegal.

'Ley antimaras'

Integrante de una 'Mara' hondureña

Las autoridades de Seguridad mostraron también su disposición a reactivar la conocida como 'Ley antimaras'. Esta normativa, que sanciona hasta con 30 años de prisión a los líderes de las pandillas juveniles o 'maras' por asociación ilícita, permitió encarcelar en el pasado a unos 800 de estos líderes.
Su aplicación, no obstante, provocó las críticas de organismos de derechos humanos. Según Naciones Unidas, la ley podría incluso resultar incompatible con la Convención de los Derechos del Niño. "El objetivo ahora sería aplicarla no sólo a pandilleros tatuados, sino a todos los que se reúnen para delinquir, porque los mareros no necesariamente tienen que estar tatuados", afirmó el ministro de Seguridad hace unos días.

El tatuaje como estigma

Justin es un ejemplo de que no siempre existe relación directa entre tatuajes y acciones delictivas. En su caso, decidió decorar su espalda, pecho, brazos y manos con imágenes que le podían identificar con grupos pandilleros, pese a no pertenecer a ninguno de ellos.
Hoy, vive en su piel la marginación de buena parte de la sociedad y la dificultad de encontrar un puesto de trabajo. "Los tatuajes que se ven en mis dedos son suficientes para que se me rechace", asegura.
Por eso, este joven capitalino de 22 años que prefiere reservar su verdadera identidad, se encuentra inmerso en el proyecto 'Borrón y Vida Nueva'. Promovido por el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social y apoyado por diversas ONGs y organismos como UNICEF, este programa ayuda desde 2005 a que cientos de jóvenes disfruten de una segunda oportunidad en la vida.
A ellos se les asesora y orienta de cara a una reinserción social y laboral, gracias a un proceso que culmina con el borrado de los tatuajes que les estigmatizan e impiden lograr ese objetivo.
La técnica utilizada para borrar los tatuajes es dolorosa y agresiva, pero Justin apenas parpadea. Su deseo por reintegrarse en la sociedad es más fuerte. "Lo quiero hacer por mí y por mi familia", afirma. Tampoco oculta su temor a que, si en el futuro es detenido, pueda ser confundido con un miembro de las 'maras' a las que nunca ha pertenecido y pueda acarrearle problemas.
En Honduras existirían entre 5.000 y 35.000 pandilleros activos, según datos de organizaciones humanitarias y portavoces policiales. "Existen muchos jóvenes que, aún poniendo en riesgo su vida, renuncian a las pandillas y desean alejarse. Pero casi siempre son rechazados y criminalizados por sus tatuajes", opina Justin.
Él, en cambio, divisa frente a él un futuro lleno de ilusión y esperanza. "Es una nueva oportunidad que me brinda la vida y que no pienso desperdiciar", asegura.
http://www.elmundo.es/america/2011/03/02/noticias/1299098850.html